La procuración de justicia en Puebla enfrenta una deuda histórica con la ciudadanía.

La procuración de justicia en Puebla enfrenta una deuda histórica con la ciudadanía.Idamis Pastor Betancourt, fiscal general del Estado de Puebla, cumple un año en el cargo y describe su gestión como una reestructuración interna de la Fiscalía General del Estado (FGE). En este periodo se resolvieron más de 31 mil carpetas de investigación rezagadas, acumuladas durante años anteriores. El rezago persiste en averiguaciones previas y otras carpetas pendientes, lo que representa uno de los principales retos actuales. La fiscal indica que el abatimiento total de estos pendientes continúa como prioridad para el año en curso.En materia de violencia de género, se registró una reducción del 41.8% en feminicidios durante 2025, lo que equivale a 18 vidas salvadas según las estimaciones oficiales. Operan 19 Casas Carmen Serdán, con meta de alcanzar 27 en el estado. Estas instalaciones atienden a mujeres en situación de riesgo, con más de 100 mil atenciones registradas en total y alrededor de 18 mil canalizadas directamente por la FGE. Se emitieron más de 4 mil 500 medidas de protección y se iniciaron carpetas de investigación en casos que cumplen con criterios de proporcionalidad. El programa incluye refugios, talleres de empoderamiento económico y herramientas para independencia financiera, con el objetivo de contribuir a la disminución de la violencia letal y eventualmente retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.El programa de identificación humana permitió identificar 150 cuerpos no reclamados, algunos con más de una década de antigüedad. Se implementó en coordinación con la ONU, el INE y el Instituto de Ciencias Forenses de Puebla (INCIFO). Los tiempos de entrega se redujeron a semanas o un mes y medio en promedio, con entrega gratuita de cuerpos a las familias y apoyo económico en casos de pobreza extrema a través de municipios. Quedan aproximadamente 1,200 cuerpos pendientes de identificación. El modelo incluye micrositio con fotografías para coincidencias ciudadanas y se prepara un convenio para identificación por ADN con aportes voluntarios de familiares. Puebla se posiciona como referente nacional en este ámbito, con consultas de otras fiscalías sobre el procedimiento.En combate a la corrupción y reestructuración interna, se removieron o reubicaron entre 100 y 180 servidores públicos, incluyendo todos los mandos superiores salvo excepciones en áreas especializadas, así como decenas de mandos medios. Se iniciaron carpetas de investigación administrativas y penales contra exfuncionarios. La fiscal señala resistencias internas al cambio y estigmas de género en el ejercicio del cargo.La extorsión telefónica constituye el principal reto actual. La aplicación 'No te Alarmes' registró 603 reportes, de los cuales solo 3 correspondieron a extorsiones reales, lo que permitió inhibir más de 600 intentos mediante alertas inmediatas, identificación de números y orientación en tiempo real con geolocalización.Se reporta una reducción en 14 delitos de alto impacto durante 2025, atribuida a la coordinación interinstitucional entre la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina. Puebla registra condiciones de mayor seguridad en comparación con periodos previos.En casos de alto perfil, como el de Cecilia Monzón, se obtuvo una sentencia de 60 años de prisión contra el responsable, con pena máxima aplicada. En el caso de Paulina Camargo, se continúa el proceso por desaparición forzada, con elementos de prueba suficientes pese a la anulación de más de 25 pruebas de administraciones anteriores. En el incidente de la mega carambola en Vía Atlixcáyotl, Mayca Álvarez enfrenta imputación por tres delitos en grado de culpa, sin prisión preventiva debido a un amparo vigente. La FGE enfatiza que estos asuntos se litigan en los juzgados, no en medios de comunicación, y mantiene autonomía en sus decisiones.